El "Big Brother"

Un mensaje de los portales de los bancos en línea en México que solicita el permiso de la aplicación o el navegador web para la geolocalización del usuario. Y la aprobación en el senado para la utilización y registro de los datos biométricos de los usuarios de telefonía celular tendrían que ser un aviso de las intenciones del gobierno de México en cuanto a privacidad y autoritarismo se refiere.

Construir una red con los datos de los más de 126 millones de usuarios de telefonía celular y cruzados con los datos bancarios para la geolocalización sería un triple atentado a la privacidad de todos los mexicanos (y mexicanas), daría al gobierno si lo hace bien un sistema de vigilancia y hostigamiento autoritario sin precedente. 

No es la primer vez que el gobierno de México intenta un registro global de usurarios, hay que saber en dónde quedaron los pocos datos que el Registro Nacional de Población, RENAPO,  recaudó en tiempos del presidente Felipe Calderón. 

El dictamen del senado es a todas luces inconstitucional, bastará con recurrir nuevamente a la Ley de Amparo y en todo caso acabaría en los tribunales pero viene a ser otro aviso de los intentos del gobierno para crear hacerse con el control de información sensible en detrimento de la libertad. Y otro aviso de la unilateralidad sobre las aprobación de propuestas que lesionan los derechos democrpaticos de la población.

Una gran mayoría de los mexicanos estaría en plena facultad de ceder sus datos si con ello asegurara el gobierno devolvería la seguridad al país pero ello esta fuera del alcance del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo óptimo sería crear un instituto independiente del gobierno para el manejo de los datos, no obstante el mismo congreso no ha aprobado un instituto anticorrupción y de transparencia fiable, lo que deja ver que la intención de ello es otra.

Activistas ya han alzado la voz, porque dudan que un padrón de datos reduzca los índices de delito pero sí generará tensión y es un riesgo y amenaza a los derechos humanos.

La propuesta es tan dispar que esta vez hubo al menos 10 senadores morenistas que se abstuvieron de votar a favor de la propuesta, no obstante fue aprobada y deja servida la mesa para la polémica.